Aunque el dato no es nuevo, estas 10.000 personas están viendo cómo no pueden acceder a ninguna prestación desde marzo de 2011 pese a que la Generalitat ya les ha reconocido que son dependientes. Sólo les falta la aprobación del PIA, que concreta la pensión o el centro público al que deberá a acudir el usuario. Muchos de estos ciudadanos fallecerán sin cobrar ni un euro o cargando sobre sus familias los últimos días de sus vidas.
Por ello, desde la patronal de las residencias Aerte han propuesto a la Conselleria de Bienestar Social la posibilidad de tramitar los expedientes de la persona dependiente hasta su llegada a la Generalitat. Se trata de realizar el trámite que están haciendo ahora los trabajadores sociales de los ayuntamientos como pasa en Cataluña. « Les proponemos que nos introduzcan en el sistema como ya lo estamos en la Sanidad para la prescripción de medicamentos», explicó María José Mira, directora general de Aerte.