Gómez: “Están endureciendo la ley de dependencia con el fin de privatizar este servicio”

En lo que más se está “endureciendo” esta ley es en lo relativo a las prestaciones que perciben los familiares cuidadores. “Es el último muro que les falta por tirar para privatizar el servicio” –comentaba Gómez- “Por este motivo están realizando revisiones sistemáticas e ilegales a todos los dependientes, sin informes técnicos que las avalen”. El presidente de la Plataforma explicaba que las revisiones del grado de dependencia sólo pueden realizarse si existen informes médicos que acrediten que se han producido cambios, tanto de empeoramiento como de mejora. Las revisiones de oficio se realizan cada 7, 14 ó 17 años “y se las están haciendo a todo el mundo. Lo que pretenden es que los familiares paguen a una empresa privada por los servicios que necesita la persona dependiente o se hagan un seguro de dependencia, que ya existen. Si esto sucede sólo estarán cubiertas las personas que puedan pagarlo, que son la minoría. La mayor parte de las familias que están al cargo de una persona dependiente no tienen grandes recursos y quedarían totalmente desprotegidas”. Gómez insistió en que, detrás de un “gran dependiente” hay un familiar que lo cuida las 24 horas del día y que ha tenido que dejar su trabajo en muchas ocasiones. “Si no percibe lo que necesita para su cuidado, si no cubren su seguridad social, se queda en la indigencia, porque no puede trabajar. Al final tendremos que volver a lo que sucedía antes de la existencia de esta ley, recurrir a la caridad y la beneficencia”.

Por todos estos motivos y porque existen dos sentencias –una firme y otra recurrida por la Junta- que han dado la razón a los dependientes y a sus familiares; Gómez animó a los afectados a “denunciar” en los Tribunales. “El procedimiento pasa primero por el recurso de alzada. El problema es que este recurso lo resuelve la misma persona que da la orden para que se realicen las revisiones. Por eso hay que dirigirse al contencioso administrativo. La ventaja, que una persona discapacitada o dependiente no paga tasas judiciales y existe la justicia gratuita. Los dos casos ganados han sido de oficio. El problema, que el proceso lleva su tiempo. Lo malo es que, si no se recurre, se pierde la prestación o el servicio; de otro modo, aunque pueda tardar un año en resolverse, si se gana, y se está ganando, la Administración está en la obligación de reponer la prestación y devolver todo lo que no se ha pagado”.