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Los colectivos sociales califican de “despropósito” los nuevos recortes

Los colectivos sociales califican de “despropósito” los nuevos recortes

By In Sin categoría On 22 julio, 2014


El Ministerio de Sanidad rechaza cualquier tipo de nuevo copago planteado por la autonomías

Una reunión del Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 2013. / CARLOS ROSILLO
Los agentes y colectivos sociales —e, incluso, el propio Ministerio de Sanidad dice que también— han recibido con sorpresa las propuestas de más recortes planteadas por las comunidades para cuadrar sus cuentas y alcanzar el objetivo de déficit. Los profesores, médicos, funcionarios y trabajadores sociales han calificado esta serie de iniciativas, recogidas por el Ministerio de Hacienda para su traslado al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 31 de julio, como «inaceptables e inasumibles», como un «despropósito» y como un «ataque a los derechos de la ciudadanía». «Estas medidas reflejan una clara falta de sensibilidad de aquellas autonomías que las han planteado», ha recalcado Nicolás Fernández, presidente de ANPE.

Educación: «Conducen a la masificación de las aulas»

Las propuestas de nuevos recortes en Educación continuarían una línea marcada por el Gobierno cuando anunció la posibilidad de aumentar el ratio de alumnos por aula. Entonces, muchas autonomías aprovecharon la oportunidad: redujeron el número de profesores y despidieron a miles de interinos. Ahora, según el texto de Hacienda, esta opción vuelve a plantearse. «El mensaje está claro: más alumnos y menos profesores. Esto lleva a una masificación de las aulas», destaca Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). En esa línea, continúa Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO y coordinador del Área Pública: «De concretarse estas medidas serían un auténtico despropósito. Suponen un auténtico deterioro de los servicios públicos».
Porque, además, las propuestas planteadas por las autonomías también incluyen una nueva reducción de las becas de comedor. «Y eso que estas se encuentran ya en mínimos», advierte Nicolás Fernández. Un punto donde, según Salido, resulta «inmoral que se hable de ajustes». «Está claro que estas medidas responden a un modelo de Gobierno: una orientación de la Educación hacia la selección del alumnado, hacia la denostación de lo público», prosigue el representante de Ceapa.
Todos estos colectivos coinciden en que, de materializarse las iniciativas, se avecina un otoño «caliente y duro». «La educación no aguanta más recortes. Si se llevaran a cabo, la respuesta funcionarial sería rotunda», explica el presidente de ANPE, antes de sentenciar que el profesorado «no soporta nada más». «Se está haciendo que la ciudadanía haga unos esfuerzos que no hacen las grandes rentas», remacha Fernández, que concluye, aunque sin hablar de movilizaciones: «Nosotros vamos a contestar y protestar».

Sanidad: «Es un plan de demolición de lo Público»

La sanidad se perfila como otra de las áreas más perjudicadas por estos planteamientos, que ahora las autonomías no quieren reivindicar. El documento de Hacienda recoge nuevas fórmulas de copagos y el establecimiento de tasas hosteleras en los hospitales, entre otras medidas. «Es un desastre absoluto. Implica el deterioro del sistema sanitario y conllevaría resultados gravísimos en la atención de los ciudadanos», sentencia Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que critica que haya autonomías que barajen la posibilidad de cobrar por no asistir a consultas programadas. «Si, para una ecografía que te han hecho hoy, te citan dentro de siete meses», remarca.
«Estos recortes se enmarcan dentro de un plan de demolición de los servicios públicos y del derecho de acceso a la sanidad», incide Francisco García, de CC OO. «Sigue la línea de recortes del PP y representan la otra cara de su reforma fiscal: menos impuestos conllevan inevitablemente un empeoramiento, en cantidad y calidad de los servicios públicos», continúa Sánchez Bayle, que subraya que este año trabajan en el sector 53.000 empleados menos que en 2009.
Frente a las propuestas de las comunidades, Sanidad se desvincula. El ministerio descarta cualquier nueva fórmula de copago. «Los ajustes se acabaron con el plan de ahorro previsto en la reforma sanitaria», han comentado fuentes de la cartera dirigida por Ana Mato, que añaden que estas iniciativas «no están ni en un cajón de la mesa».
Este departamento asegura que tampoco tocará la Dependencia. Un punto que se encuentra ya muy debilitado, según insiste José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales Públicos: «El Gobierno ha pasado de aportar el 50% a esta partida, como marca la Ley, a apenas dar el 20%». Un desplome que responde, remacha el representante del colectivo, a las intenciones del Ejecutivo de «desmantelar el sistema de Dependencia y servicios sociales». «Tienen un afán privatizador, quieren fomentar el aseguramiento privado. De forma que, al que no tenga dinero para contratar uno, solo le quedará la beneficencia», concluye.

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