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SOCIEDAD Comunidad ValencianaLa dura Dependencia: familias que ‘abandonan’ a enfermos mentales

SOCIEDAD Comunidad ValencianaLa dura Dependencia: familias que ‘abandonan’ a enfermos mentales

By In Sin categoría On 5 octubre, 2014


Montse Pérez, una de las afectadas por la cruda realidad de la...
Montse Pérez, una de las afectadas por la cruda realidad de la dependencia y su alto coste. MAO
  • Los pacientes que tutela la Generalitat han aumentado en un año de 1.385 a 1.413

  • Los usuarios se quejan de no poder pagar centros especializados de 2.000 euros al mes

  • Una de cada cuatro personas sufre o sufrirá una enfermedad mental según los expertos

Las familias se ven obligadas y sufren cuando deben desprenderse de un ser querido. De ahí que no lo consideren un desamparo ni una renuncia, más bien abandonos forzosos. Familias coaccionadas por la falta de tiempo, de conocimiento y, sobre todo, de dinero. Montse Pérez es un ejemplo de ello: «Yo no quería ceder la tutela de mi hermano. Yo solo pretendía que se quedase en un centro especializado para que estuviera bien atendido».
A Montse la vida no le preguntó qué quería. Una trombosis en la vena cava, el cáncer de colon de su padre y la esquizofrenia de su madre minaron su situación familiar y agravaron su principal e insostenible preocupación: cuidar de su hermano. Y es que cada vez son más las familias que se ven obligadas a ceder la tutela de sus dependientes a la Administración por falta de recursos. Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, problemas con las drogas y otras enfermedades que requieren una atención continua y específica.
Con 16 años a L.P. -su hermano- le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia. Dos enfermedades que para Montse han supuesto una lucha constante por la integridad de ambos y la del resto de afectados que pelean sin descanso para que dependientes con enfermedades mentales puedan acceder a un centro. Tras varios intentos de suicidio e innumerables ingresos en el Hospital Luis Alcanyis, el psiquiatra de L.P recomendó a Montse internarlo en una residencia especializada.
Ese fue el primer paso de una sucesión de juicios y trámites para lograr ayudas de la Administración que consiguiesen suplir al menos una parte de los 2.000 euros que puede costar un centro de calidad en la Comunidad Valenciana. «No entiendo cómo no aceleran las cosas, si fuesen sus hijos ya estaría hecho», se lamenta Montse.
Carmen A. tampoco lo tuvo fácil. Tras la muerte de su madre, su hermano comenzó a dar señas de una esquizofrenia paranoide que pudieron controlar hasta que hace tres años se vieron en la obligación de internarlo en un centro. «Es la decisión que más me ha costado en esta vida, sentía que lo había abandonado», admite Carmen. Ambas mujeres cedieron la tutela de los dependientes a la Administración, pero la desvinculación judicial no va unida a la emocional. «Cada vez que suena el teléfono tiemblo», confiesa Montse.
Situaciones sobrecogedoras pero reales que no hacen más que crecer. Según los últimos datos de la Conselleria de Bienestar Social, en el último año la Generalitat ha pasado de 1.385 tutelados en 2013 a 1.413 en 2014. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que una de cada cuatro personas padece o padecerá problemas de salud mental a lo largo de su vida. Una cifra que en la Comunidad Valenciana supone 1,25 millones de personas. «Estamos ante un problema con unos niveles en Valencia importantísimos«, según declaró el secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, en las II Jornadas de Rehabilitación Psicosocial que organizó la Comisión de Salud Mental y Discapacidad Aerte de la Comunidad Valenciana el pasado jueves en el Palau de la Música, y que contó con la presencia de numerosos expertos.

Camino hacia la tutela

¿Pero cómo llegan las familias a verse en la obligación de renunciar a la tutela de su dependiente? Se trata de un proceso largo. El primer paso es solicitar una sentencia de incapacitación, algo que según esclarecen fuentes de Aerte puede tardar de uno a dos años. «Con este certificado parece que le quites los derechos al enfermo, pero su único fin es la protección», sostiene José Miguel Bort, magistrado juez de 1ª Instancia de Valencia.
Una vez determinado el tipo de incapacitación, que puede ser total o parcial, comienza la lucha por buscar un centro que pueda garantizar el cuidado del enfermo. Sin embargo, el precio de las residencias para este tipo de dependientes supone un jarro de agua fría para la mayoría de familias. En un intento por ayudar a la financiación del centro, los afectados pueden acceder a prestaciones como la Prestación Económica Individualizada (PEI)- con un máximo de 1.200 euros- o la Prestación Vinculada al Servicio (PVS)- entres 600 o 800 euros dependiendo del grado de dependencia-. Un pequeño respiro pero que además de tardar siempre más de lo esperado nunca llega a alcanzar la cantidad suficiente para la plaza residencial.
Ahogados por la impotencia, ven como única salida la cesión de la tutela a la Generalitat, lo que les lleva a un proceso de otro año y medio. «Se trata de situaciones que en mayor medida son en contra de su voluntad», asegura Ángel Luna, adjunto 1º de la sindicatura de Greuges en el Palau.
La Administración pasa a tener nuevos ‘hijos’, cuyo cuidado puede suponer, según Aerte, alrededor de 2.000 euros por dependiente al mes. Una media de 70 euros al día que debido a la mala organización de los presupuestos suelen llegar a los centros con un año de retraso provocando que los centros deban recurrir a la financiación propia a través de préstamos del banco o impagos a los trabajadores.

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