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El PP rechaza crear una comisión de investigación sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat

El PP rechaza crear una comisión de investigación sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat

By In Sin categoría On 16 octubre, 2014


La diputada Esther López interviene en el pleno de las Corts.

Foto: EUROPA PRESS

Oposición acusa Fabra de «dejar fuera del sistema cada día a 2,5 dependientes»

   VALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –  
   El PP ha rechazado la petición de EUPV de convocar una comisión de investigación sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat que, a juicio de la formación de izquierdas, está «inaplicando» el Consell, porque «mientras el derecho a las solicitudes aumenta, las prestaciones disminuyen», según ha dicho la diputada Esther López, quien ha acusado al Gobierno valenciano de «revisar a la baja» los grados de dependencia. Tanto PSPV como Compromís han prestado su apoyo a esta iniciativa.

   La diputada ‘popular’ Ángela Barceló ha explicado que las revisiones del grado se rigen por criterios «técnicos y objetivos» que «vienen establecidos por normativa estatal». Asimismo, ha señalado que el equipo que interviene en la revisión, tanto valoradores como órganos de valoración, «poseen una gran experiencia en la tarea que llevan a cabo».
   «Proponen una comisión para cuestionar el trabajo de los técnicos de la Conselleria y de ahí no me va a sacar», ha continuado la diputada, quien ha afirmado que desde el PP «creemos y valoramos el buen hacer de los técnicos de la Conselleria a los cuales se les ponen en duda», y por ello ha rechazado la creación de dicha comisión.
   López ha lamentado que en el PP «siempre echan las culpas a los técnicos y no asumen responsabilidades políticas». Asimismo, ha cuestionado el anuncio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante el Debate de Política General, en el que dijo que iba a insertar a 18.000 personas en el sistema, porque de éstas, 15.000 «son personas que están esperando el reconocimiento de su grado de dependencia».
   Barceló ha contestado que los cargos políticos «cuando firman lo hacen de oficio y siempre basándose en las resoluciones de los informes técnicos». «No creo que ningún cargo político se atreva a valorar y cuestionar las valoraciones técnicas y menos aún a decirle a los técnicos lo que tienen que hacer», ha apuntado.

«LEGIÓN DE ENCHUFADOS VALORADORES»

   El socialista José Manuel Sánchez ha afirmado que durante años se ha denunciado por parte de usuarios, familias, profesionales del sector y la oposición los «incumplimientos reiterados» e «irregularidades» en la aplicación de esta ley en la Comunitat, que está «a la cola». En este sentido, ha apuntado que el número de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obliga al pago retroactivo de ayudas «supera las 150».
   Sánchez ha apuntado que «el problema no son los objetivos, sino la legión de valoradores que enchufaron en los departamentos están solo mediante un cursillo». Asimismo, ha señalado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, «ha expulsado a 2,5 dependientes del sistema de atención cada día» desde que gobierna.
   La diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado al Consell por haber «jugado con la esperanza de personas» a quienes les amparaba la ley e inventando «excusas» para evitar su aplicación. «Primero fue que había problemas informáticos, luego se inventaron el silencio administrativo negativo, pero siempre ha pasado que hemos sido la comunidad que menos ha aplicado la ley de la Dependencia». A su juicio, al PP «nunca les ha gustado esta ley porque implicaba soltar el dinero y no tenerlo disponible para otros menesteres que les gustaban más».

DERECHO DE MANIFESTACIÓN

   Por otro lado, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, reclamado la necesidad de crear una comisión de investigación para estudiar el hecho de que ciudadanos que viven en la Comunitat y que ejercen su derecho constitucional a la reunión y manifestación pacífica estén sufriendo un uso abusivo de la fuerza policial, una vigilancia policial no justificada o la imposición de sanciones ilegítimas para desmotivas la participación.
   Oltra ha afirmado que se quiere «acallar la protesta de quienes protestan contra las injusticias» como parte de una «estrategia de criminalización del ejercicio de manifestación para tapar decisiones injustas», por parte del Gobierno y que se manifiesta, ha dicho, con la Ley de Seguridad Ciudadana.
   En este sentido, ha apuntado que la Primavera Valenciana se saldó con más de 40 detenciones, de las cuales seis fueron de menores, y ha apuntado que las Corts «no pueden mirar hacia otro lado, porque castigaremos la democracia», ha concluido.
   El diputado del PP Vicente Betoret ha expresado que el motivo del rechazo a esta petición porque el ámbito competencial para investigar acciones de fuerzas del Estado reside en las Corts Generales. Asimismo, ha advertido de que «se parte de una premisa injusta porque presentan a los participantes de una manifestación como víctimas y los policías como verdugos». «Generalizar es equivocarse y Compromís se equivoca», con este asunto, ha agregado.


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