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La Audiencia anula la indemnización a los afectados por la talidomida

La Audiencia anula la indemnización a los afectados por la talidomida

By In Sin categoría On 22 octubre, 2014


El tribunal revoca una condena por malformaciones causadas por el fármaco

Víctimas de la talidomida a su llegada al juicio que se celebró en 2013 en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el pago de la indemnización a afectados de la talidomida que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que les causó ese medicamento contra las náuseas del embarazo que el laboratorio alemán Grünenthal sintetizó, patentó, comercializó y distribuyó en todo el mundo en los años 50 del siglo XX. Los magistrados estiman que el caso estaba prescrito cuando la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) presentó su demanda en 2012 porque los afectados por el fármaco disponían ya en 2008 de los elementos necesarios para poder reclamar. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días.
«En la tesis más beneficiosa para los perjudicados, no podemos sino llegar a la conclusión de entender que los socios de Avite (…), al menos desde el año 2008, tenían a su disposición o podrían haberlo tenido tanto los elementos fácticos (secuelas) como jurídicos (que las mismas derivaban, con un diagnóstico seguro o probable, del fármaco)», argumenta el tribunal en una sentencia en la que rechaza computar a efectos de prescripción del caso el real decreto de 2010 con el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció la condición de víctimas a afectados por la talidomida.
«No podemos estar a esta fecha (30-12-2010) para el inicio del cómputo del plazo de prescripción, pues como ya hemos apuntado, el diagnóstico seguro o al menos probable, pudieron haberlo solicitado al CIAC (Organismo Dependiente del Instituto de Salud Carlos III) mucho antes de que se dictara el Real Decreto 1006/2010».
La sala revoca así la resolución que el pasado noviembre impuso el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid a la farmacéutica Grünenthal. El laboratorio fue condenado a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les haya reconocido la Administración pero decidió recurrir la sentencia que ahora queda anulada.
«Es un golpe muy bajo y muy fuerte», ha dicho esta mañana el presidente de Avite, José Riquelme. «Nos parece increíble y alucinante que la titular del juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid no viera prescripción anteriormente y ahora tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid hayan visto prescripción», ha criticado. Y ha anunciado que la asociación seguirá luchando, mientras los afectados tengan «aliento y vida» para reclamar indemnizaciones.
La farmacéutica Grünenthal también se ha pronunciado sobre el fallo. En un comunicado emitido tras conocerse la decisión judicial, ha subrayado que ya hay  medios «específicos y eficaces» para que todos los afectados por la talidomida puedan beneficiarse de ayudas económicas. Para Grünenthal, la sentencia de la Audiencia madrileña pone de manifiesto que los demandantes «no probaron sus alegaciones» y que, transcurridos más de 50 años, es «imposible iniciar un juicio válido».
Los afectados españoles de la talidomida, un fármaco contra las náuseas en el embarazo que provocaba malformaciones en los niños, consiguieron sentar en el banquillo a Grünenthal 50 años después de la retirada del producto.
La sentencia ahora revocada estimó la “actuación culposa” de la farmacéutica por no haber tomado las medidas necesarias para comprobar la seguridad del producto. Sin embargo, la juez limitó a una veintena las 186 indemnizaciones solicitadas por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). En el fallo, concedió a los afectados entre 660.000 y 1.980.000 euros, en función del grado de discapacidad reconocido (20.000 euros por cada punto porcentual desde un 33% hasta el 99%).
El derecho de indemnización, no obstante, solo se reconoció a aquellos que fueron declarados víctimas del medicamento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 mediante un real decreto que fijó una serie de ayudas económicas, y a quienes puedan acogerse a esta medida en el futuro.


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