El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la orden de dependencia de la Comunidad de 2013 en la que, según la Plataforma en Defensa de esta ley, se establecían «un conjunto de recortes arbitrarios y reatroactivos contra los derechos reconocidos en la propia Constitución». Sin embargo, después de la decisión judicial, la Junta ha anunciado que recurrirá. Asimismo, la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales, dirigida por José Ignacio Echaniz, ha subrayado que la suspensión se debe a «una cuestión formal».

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