A pesar de la irrupción del juego online, el juego presencial de loterías y cupones sigue liderando la cuota del mercado con el 75% de los ingresos. El Estado permite esta actividad a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y otras entidades que cumplen fines de interés general, como la Cruz Roja. No obstante, al margen de la ley, hay una veintena de organizaciones que operan en el sector sin tener una autorización que lo habilite. Es el caso de la OID.

16 sentencias de la Audiencia Nacional confirman su ilegalidad, mientras que otras cinco sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria y Canarias imponen sanciones administrativas, además de insistir en la falta de autorización de la organización.

«Nosotros no traficamos con droga, ni cocaína. Simplemente nos dedicamos a la lotería y eso Hacienda lo sabe», defiende el jefe de los Servicios Jurídicos de la OID, Javier Gallego, en una conversación con Público.

El asesor jurídico Juan Carlos Galindo matiza que, a pesar de las sentencias a favor de la ilegalidad de la empresa, conviene definirla como «alegal», ya que sigue operando y ganando dinero.

«Alegal es la brecha que existe entre la legalidad e ilegalidad. La ley de sociedad de capitales y el ordenamiento de la comisión de este juego permite la existencia de este tipo de asociaciones», explica el asesor.

Según informa la propia entidad, la OID está inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior, dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el que declara por la actividad de organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos de azar. Sin embargo, una orden ministerial del 1 de marzo de 2014 dictada por la Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad denegaba el asiento de inscripción en el Registro de Fundaciones de la organización denominada Fundación SOID.

No tienen un sindicato de trabajadores porque no se les puede dar de alta en la Seguridad Social «al entender que era una actividad sin autorización administrativa», explica Javier Gallego. En ese caso, la entidad contrata a personas con cualquier tipo de discapacidad, pero también a «discapacitados sociales» como familias monoparentales, madres solteras, etc.

Para disfrutar de una baja por enfermedad tenía que avisar con una semana o dos de antelación. «Nunca sabes cuándo te vas a poner malo, obviamente», añade. Asimismo, para ganar entre cinco a diez euros al día, trabajaba unas doce horas diarias. «El dinero me venía bien, por eso trabajaba tantas horas».

Este trabajador asegura que «al ser un trabajo únicamente a comisión y sin contrato, no existe un horario fijo. Te decían: ‘Cuanto más trabajes, más ganas’. El abogado de la organización, sin embargo, se escuda en que los empleados deben trabajar entre dos, cuatro y seis horas al día, dependiendo del contrato. «Si alguien trabaja más, es su problema. Se tienen que adaptar al convenio colectivo».

Además, para optar por un puesto de colaborador fijo, los empleados deben vender unos 200 boletos al día, «una cifra inalcanzable, ya que al no tener autorización, la Policía nos incautaba los boletos. Era muy difícil llegar a ese mínimo», determina Ramón Ramiro, otro empleado que formó parte de la asociación desde octubre de 2012 hasta finales de 2013.

Ramón, que accedió al puesto por tener un hijo con un grado de discapacidad del 67 %, trabajó durante once meses en la delegación de la OID en Alcázar de San Juan. Le hicieron un contrato de dos horas, pero al mismo tiempo le «obligaban» a atender las labores de administración por la mañana y tarde y los días festivos a cambio de 250 euros al mes. «La desesperación te obliga a aceptar este tipo de trabajos. De todas formas, no sabía que no teníamos la autorización del Estado; pensaba que todo era legal».

El asesor fiscal Juan Carlos Galindo asegura que el fundador y presidente de esta organización, Dionisio González, «ha procurado formar a abogados para poner denuncias a diestro y siniestro». Asimismo, «da la impresión que el entramado empresarial de González, que gira en torno a 20 empresas, está hecho para ganar dinero a costa del juego alegal«.

La organización nacional de ciegos denuncia que la OID se aprovecha del sorteo y difusión de este para llevar a cabo su negocio. «Sólo para la difusión del número premiado en el cupón y el resto de productos de la organización, de lo que se aprovecha directamente la OID, realizamos una inversión superior a 8,5 millones de euros anuales«, declara Prieto.

El abogado de la asociación de discapacitados, sin embargo, lo explica así: «Hacemos combinación con el número de la ONCE porque entendemos que este sorteo es propiedad del Estado y sin embargo, esta lo usa sin pagar impuestos, además de otras asociaciones».

«Obviamente, todo el mercado del juego está regulado y, para ejercer, es preciso contar con una autorización expresa y cumplir unas medidas muy serias. Nosotros tenemos la autorización para la venta y cumplimos a rajatabla todas las medidas que se imponen, al igual que el resto de operadores, claro», añade el jefe de prensa.

La ONCE, por su parte, desestima esta cifra y asevera que, desde que entró en vigor el nuevo gravamen sobre los premios de las loterías en 2013, han pagado 242 millones de euros entre cuotas empresariales y obreras a la Seguridad Social, el IRPF e IVA.

El representante legal de la OID asegura que tienen la intención de constituirse como una entidad legal, pero insiste en el acaparamiento y favoritismo de la ONCE y cree que no les «hacen caso». Pero Juan Carlos Galindo zanja: «No son legales porque no llegan a los requisitos mínimos exigidos por el Estado».