Se pide que la información del transporte acerca de la accesibilidad de las estaciones y de los vehículos de transporte de viajeros aparezca reflejada y de forma clara.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha sugerido a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que tome la iniciativa e inste las actuaciones necesarias para mejorar toda la información del transporte por carretera que puede ser utilizado por personas con movilidad reducida.

En concreto, el Defensor pide que la información del transporte acerca de la accesibilidad de las estaciones y de los vehículos de transporte de viajeros aparezca reflejada, de forma clara, en el portal web de las empresas que lo prestan, en los planos de cada línea, en las taquillas y demás medios que resulten idóneos para que, con un distintivo normalizado, el público reconozca de antemano qué medios e infraestructuras de transporte son accesibles y cuáles no.

Falta de información del transporte adecuada

La Institución ha recibido quejas por falta de información del transporte adecuada sobre accesibilidad. Así, los ciudadanos han hecho llegar casos de estaciones que figuraban en la web como accesibles y que, sin embargo, tenían por ejemplo plataformas elevadoras que solo estaban operativas en un horario determinado, o donde el medio de transporte accesible llegaba fuera del horario previamente indicado.

Ello provoca situaciones difíciles ya que, a los problemas de falta de accesibilidad, se suma en muchas ocasiones la información defectuosa o errónea que reciben los viajeros con movilidad reducida.

El transporte colectivo de viajeros por carretera cuenta con más de 600 empresas que operan en territorio español y, según los trayectos que realicen, son de competencia estatal, autonómica o local.

Ello supone que las soluciones deben implantarse a iniciativa de varias administraciones por lo que, en opinión del Defensor del Pueblo, la mejora de la información del transporte por parte de las empresas de trasporte, ha de hacerse mediante la cooperación entre la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.