Una persona con un 95% de discapacidad se querella contra Fomento y Emvicesa y reclama 645.000 euros de indemnización

A.A.B. tiene 66 años y cuenta con un 95% de discapacidad, motivo por el que viene luchando desde hace años por conseguir una vivienda adaptada, sin barreras arquitectónicas y donde pueda vivir de manera decente en compañía de su mujer y sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, lamenta que la Consejería de Fomento, Emvicesa e incluso el CERMI, siempre le hayan dado la espalda.

Con el paso de los años la discapacidad ha ido en aumento tal y como lo reseña el informe del Centro de Discapacitados de la Dirección Territorial del IMSERSO de la Ciudad, pasando de un 33% en el año 1975 al 95% que padece desde el año 2013, lo que hace a A.A.B. una persona totalmente dependiente. Sin embargo, denuncia la “discriminación” que ha sufrido a lo largo de todos estos años a pesar de contar con informes que avalaban una ayuda en cuanto a una vivienda adaptada a sus condiciones físicas. Así, según relata la denuncia que ha puesto a la Consejería de Fomento y Emvicesa el pasado 22 de julio, ha sido excluido de varias promociones de VPO, especialmente de la 317 de Loma Colmenar, de la que aparecía adjudicatario en la famosa ‘lista fantasma’.

En los motivos expresados por Emvicesa y la Ciudad, se quedó fuera de esta promoción a pesar de contar con la conformidad y recibir una carta firmada por la propia Consejería contando con todas las condiciones favorables, porque fue adjudicatario de una VPO de la promoción de 108 viviendas en Avenida Ejército Español. En este sentido, A.A.B. señala que “por motivos familiares mi mujer y yo nos separamos y la sentencia dejó constancia de que la vivienda tenía que ser para mi mujer y mis dos hijos, por lo que yo tuve que abandonarla”. Por eso no entiende que haya tenido que ser excluido de otras promociones. Además, a ello se suma en el informe un error que según él “juega a su favor” y es que en ese informe se habla de que cuenta con un 33% de discapacidad, que era lo que tenía en promociones anteriores, pero no en esta última, pues como bien retracta la Junta de Valoración del IMSERSO del 2 de agosto de 2013, desde esa fecha A.A.B. cuenta con un 95% de discapacidad.
Por este motivo la denuncia interpuesta al área de Fomento Urbanístico y Vivienda y a la Empresa Municipal de la Vivienda Emvicesa, solicita una reclamación patrimonial de la administración municipal “por daños y perjuicios causados y por la exclusión sistemática que ha sufrido en el proceso de acceso a viviendas de VPO y promociones de vivienda de los citados organismos como discapacitado y la discriminación en el proceso de adjudicación en mi condición de discapacitado, al no respetar los cupos y ser excluido de los sorteos de vivienda con reserva para discapacitados sin motivo legal alguno”.

Además, A.A.B. explica que “desde el año 2013 tengo un grado de discapacidad de 95%, reconocido por el Instituto de Mayores del IMSERSO de Ceuta, por lo que dicho grado no puede ser igual que en el año 1993 como certifica Emvicesa a través de la Comisión Local de la Vivienda en 2016, asegurando que “puedo acreditar documentalmente que la Comisión Local de la Vivienda en las promociones de las 225, 170 y 317, ha falseado datos de certificaciones de organismo Público (IMSERSO), donde se me ha perjudicado a mí y a mi familia en todos estos años”, a lo que subraya que “cuento con un documento fechado el 21 de noviembre de 2012 firmado por el subdirector general de la vivienda de la Ciudad, donde se compromete a mi inclusión en la promoción de las 317 VPO de Loma Colmenar, concretamente la parcela B4, por lo que veo como una vez más se me discrimina y excluye en mi condición de discapacitado ante el hecho de poder optar a una vivienda de VPO en el cupo reservado para discapacitado y en una vivienda que reúna los requisitos específicos para mis condiciones físicas”.

En la querella puesta a la Ciudad y Emvicesa se reclama una indemnización de 650.000 euros; 216.000 por las tres promociones de las que ha sido excluido a pesar de contar con “informes favorables”, según el demandante.
Desde el año 2004 hasta el pasado mes de mayo, A.A.B. ha estado viviendo con su mujer y sus dos hijos menores de edad en una vivienda de alquiler en Benzú de 22,76 metros cuadrados, no reuniendo las mínimas condiciones de habitabilidad y contando con graves problemas de ventilación que provocaban una situación de insalubridad. Además, la vivienda no disponía de las dimensiones mínimas establecidas en la normativa vigente por la Ley dispone de una ratio mínima de 15 metros cuadrados.

Como reconoce A.A.B. “la situación era insoportable, pues tanto mi mujer como yo y mis dos hijos teníamos que dormir en una misma cama porque no teníamos habitaciones. Ni siquiera cabía mi silla de ruedas y teníamos que buscar una solución porque así no podíamos seguir”. Así, señala que “una vez que se empezó a levantar el confinamiento empezamos a buscar nuevas alternativas y encontramos una vivienda en la carretera de Benítez en la que vivimos desde el pasado mes de mayo, pero ello me supone un alquiler de 750 euros al mes, a lo que tengo que sumar luz, agua e internet y los servicios básicos,  por lo que apenas nos queda recursos para poder mantener a nuestros hijos, mientras que la vivienda tampoco cuenta con las necesidades básicas para una persona con discapacidad, ya que vivo en un primero”. Eso sí, ahora cuenta con varias habitaciones que permiten que vivan de una manera más digna, especialmente para sus hijos.

Tras la denuncia presentada, ahora se abre un plazo de tiempo para que tanto Emvicesa como Fomento se pronuncien y A.A.B. espera que esta situación pueda ser subsanada y al final pueda contar con una vivienda adaptada a la discapacidad que sufre y que le hacen una persona totalmente independiente.