Un gran paso hacia una justicia más inclusiva

Aunque parezca impensado en pleno 2020, aún las personas con discapacidad en muchos países no cuentan con la posibilidad de hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Para contribuir con esta situación, la ONU ha presentado un documento que ayudará a los países a eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan utilizar los servicios de la justicia en todo el mundo. Catalina Devandas, relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, expresó sobre la iniciativa, «Las directrices ofrecen una respuesta a los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás».

Por su parte Danlami Basharu,presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó que «estas directrices son una importante contribución al derecho internacional de los derechos humanos, y son un aporte indispensable para lograr la justicia para todos», dijo el presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Se trata de un «manual práctico» para que todos los países puedan fácilmente poner en práctica. Estas pautas son el producto final del trabajo conjunto de los tres órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos de las personas con discapacidad y además se elaboraron en colaboración con expertos en derechos de la discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, Estados, académicos y otros actores.

Este manual le servirá a los países para poder guiarse acerca de cómo diseñar y aplicar sistemas legales que proporcionen a las personas con discapacidad un acceso equitativo a la justicia independientemente de su papel en el proceso, a fin ajustarlos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales.

10 principios para la inclusión:

Las directrices describen 10 principios de acceso a la justicia para las personas con discapacidad y se detallan las medidas de aplicación de cada una de ellas.

1. Todas las personas con discapacidades tienen capacidad legal y, por lo tanto, nadie se le negará el acceso a la justicia sobre la base de la discapacidad.

2. Las instalaciones y servicios deben ser accesibles universalmente para asegurar la igualdad el acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad.

3. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, tienen el derecho a los ajustes de procedimiento apropiados.

4. Las personas con discapacidades tienen derecho a acceder a los avisos legales ya la información de manera oportuna y accesible en igualdad de condiciones.

5. Las personas con discapacidad tienen derecho a todas las medidas sustantivas y de procedimiento, las salvaguardias reconocidas en el derecho internacional en igualdad de condiciones con las demás, y los Estados debe proporcionar los ajustes necesarios para garantizar el debido proceso.

6. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible.

7. Las personas con discapacidades tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones.

8. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias y a iniciar procedimientos judiciales en relación con violaciones de los derechos humanos y delitos, y ser remedios como corresponde.

9. Los mecanismos de vigilancia eficaces y sólidos desempeñan un papel fundamental en el apoyo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

10. Todas las personas que trabajan en el sistema de justicia deben recibir programas de sensibilización y capacitación sobre los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Discapacidad y la Accesibilidad, dijo sobre el manual, «Creemos que hemos proporcionado un pilar del que muchos sistemas de justicia carecían: la inclusión de la discapacidad. Esto debería ser una herramienta valiosa para todos los integrantes del sistema judicial. Queremos asegurarnos de que las personas con discapacidad formen parte del sistema de la misma manera que forman parte de la sociedad, que puedan ejercer plenamente los derechos humanos que tienen en virtud de ser humanos».