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Accesibilidad en el transporte público

Accesibilidad en el transporte público

By In Sin categoría On 27 abril, 2021


A partir de la pandemia, las personas con discapacidad encontraron nuevas dificultades para usar el transporte público. Referentes del tema alertaron sobre el incumplimiento de la ley 24.314 y denunciaron falencias.

13/04/2021

La pandemia complicó aún más la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. En vistas de una segunda ola de COVID-19 y las nuevas restricciones, «viajar se volvió imposible», afirmó María Rodríguez Romero, integrante de la Fundación Rumbos y mamá de una joven de 23 años usuaria de sillas de ruedas.

Ante la falta de una soluciones, «quienes tienen la posibilidad, terminan usando sus vehículos particulares, propios o de algún familiar, o contratando alguna combi adaptada o remises de confianza. La obra social sólo cubre los traslados relacionados con prestaciones de salud y de rehabilitación. El transporte público no es confiable para personas con discapacidad, nunca sabes cuándo los vas a poder tomar y esto repercute en las posibilidades de trabajar”, señaló Rodríguez Romero. En CABA ningún medio de transporte público es 100% accesible.

Trenes y colectivos

En Argentina la ley nacional 24.314 sancionada en 1994 establece la accesibilidad en los ámbitos urbanos, dispone como prioridad la supresión de barreras físicas y obliga al transporte público a ejecutar las adaptaciones pertinentes en un plazo de un año una vez reglamentada, lo cual sucedió en 1997. Más de 20 años después, “aún faltan muchas adecuaciones para garantizar el viaje seguro y posible para una persona con discapacidad”, denunció Rodríguez Romero.

Actualmente, según la Fundación Rumbos, en los trenes de CABA que llegan a la Provincia de Buenos Aires, los grados de accesibilidad dependen de cada estación y faltan rampas, ascensores, señalización háptica en los andenes, no hay baños adaptados y la comunicación entre andenes es inexistente o dificultosa. “En algunos casos, los elementos que brindan acceso resultan desconectados entre sí. Por ejemplo, una estación cuenta con baño accesible pero no se puede entrar porque el ingreso es por escalera”, observó la fundación.

La situación no sólo afecta a personas con discapacidad, sino también a mayores de edad, niños, embarazadas y personas con lesiones físicas. «Como un avance, en 2020 se constituyó una Mesa de Trabajo integrada por todos los actores del sistema -incluida la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)- que tiene como objetivo establecer procedimientos específicos para la adecuación de la infraestructura de las estaciones ferroviarias al cumplimiento de las normas para el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad. Hay un plan para hacer obras de adecuación en 126 estaciones: actualmente están trabajando en 16 estaciones de la línea Belgrano Norte, en la estación Palermo de la línea San Martín y en toda la línea Mitre para instalar equipamiento y señalética”, detalló el informe.

Los colectivos y el Metrobús corren la misma suerte. Desde Rumbos observaron que en este último hay problemas de accesibilidad por la diferencia de altura entre el vehículo y la plataforma. La distancia entre paradas tampoco contribuye a la movilidad y falta mantenimiento de las rampas en las unidades y capacitación a los choferes. “En numerosas ocasiones, no pueden acercarse al cordón de la vereda porque hay autos particulares estacionados frente a las paradas. Hay que hacer campañas para que se dejen libres”, reflexionó Rodríguez Romero.

Sin embargo, el panorama general es difícil. «Para llevar adelante estos cambios es necesario que consulten a las personas con discapacidad a la hora de pensar políticas públicas, porque si no se hacen obras que después no sirven. Es algo que también dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sugirió Rodríguez Romero.

Subtes

La Fundación Rumbos relevó el estado de las estaciones y encontró que sólo un tercio cuentan con ascensores para viajar en ambas direcciones, de los cuales muchos no funcionan. Como consecuencia, 6 de cada 10 viajes no pueden realizarse por falta de mantenimiento. En 2018 la Legislatura porteña sancionó la ley 6132 que derogó la obligatoriedad de contar con ingresos accesibles en todas las estaciones de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, estableció un plazo de 20 años para la adecuación. “Es mucho tiempo de espera. Eso junto al nuevo Código de la Edificación, significan un gran retroceso. Están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad”, alertó Rodríguez Romero.

Se está trabajando para instalar equipamiento y señalética en 16 estaciones de la línea Belgrano Norte, en la estación Palermo de la línea San Martín y en toda la línea Mitre.

En esta línea, recientemente la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires publicó un informe sobre la gestión 2018 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos en lo que respecta a la supervisión de subtes, colectivos, taxis y micros escolares. Entre otras irregularidades, detectó que la mayoría de las multas que recibe la empresa Metrovías, en su gestión del subte, están vinculadas a la “indisponibilidad de escaleras, ascensores y otros medios de elevación». En cuanto a los colectivos, el Ente regulador observó que el 47% de las deficiencias en ese medio de transporte corresponden a falta de acercamiento a la acera para recoger pasajeros.

¿Qué sucede a nivel nacional?

“No hace falta ser un observador demasiado agudo para verlo. El acceso al transporte público es malo en general, y para las personas con discapacidad, en algunos casos, es directamente imposible”, remarcó Jorge Rivas, director nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte de Nación.

Siguiendo la línea del funcionario, para cambiar la situación lo primero que se debe hacer es visibilizar el conflicto, y que los distintos niveles (nacional, provincial y municipal) asuman la cuestión de la accesibilidad del transporte público como una cuestión de Estado. «Es decir, que desde el gobierno se deje de mirar para otro lado ignorando olímpicamente la problemática”, argumentó el Rivas.

Abundan normativas, tanto nacionales como internacionales, que intentan garantizar la inclusión en el transporte. “Esas normas quedaron en meras declaraciones de principios y en este siglo XXI tenemos la obligación de materializar esos derechos legislativos, para ponerlos al alcance particular de todos y todas, particularmente de los sectores sociales más vulnerables”, explicó Rivas.

Actualmente, desde el área que dirige Rivas, trabajan en el control del transporte público en la vuelta a clases, y están haciendo capacitaciones al personal para prevenir y combatir la trata de personas y la explotación infantil. «Asimismo estamos poniendo esfuerzos en estimular el uso de bicicletas y en mejorar la accesibilidad a los distintos transportes públicos, entre otras cosas», confirmó.

Las tareas de la Dirección están apuntadas a una población muy diversa, como niños, adolescentes, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Es un grupo heterogéneo que tiene en común su alto grado de vulnerabilidad. Hoy nuestro trabajo está atravesado por la pandemia, pero enfocado en mejorar las políticas inclusivas en todo el transporte público”, finalizó el funcionario.


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