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Cuando el hogar se convierte «en cárcel»

Cuando el hogar se convierte «en cárcel»

By In Sin categoría On 10 septiembre, 2019


MOVILIDAD REDUCIDA Cerca de 20.000 andaluces no sale nunca de su domicilio y medio millón de personas tiene problemas para salir de su inmueble. La consejera de Fomento aborda en el Parlamento las viviendas para la promoción de la autonomía

 

María Caballero tiene 75 años, discartrosis, las dos rodillas operadas y sobrepeso causado por el exceso de medicación desde hace décadas. Su marido, José Blanco, 76 años, padece EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa: «Dos paquetes de tabaco diarios durante años, la primera calada me la dio mi abuelo cuando tendría cuatro o cinco años y era un chiquillo». Son matrimonio y residentes en el Aljarafe sevillano. Salvo causa de fuerza mayor, ambos prefieren no salir a la calle. «A comprar el pan y tirar la basura», él. «Al médico», ella. Un 75% de los andaluces con movilidad reducida precisa de ayuda para salir de sus casas y cerca de 20.000 (un 4%) no lo hace nunca, señala el estudio «Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio» elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) con el objetivo de conocer la situación en la que vive el casi medio millón de andaluces –499.700– con movilidad reducida. Precisamente hoy, arranca la semana parlamentaria con una comisión sobre la discapacidad, donde también comparecerá la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para tratar las viviendas para la promoción de la autonomía personal y con la intervención de representantes de varias asociaciones.

En el bloque de María y José, hace una década aprobaron la obra para un ascensor. «El bloque tiene dos escaleras pero parte de las vecinas no quisieron prescindir de una», por lo que, al construir el elevador en el hueco de la escalera, sus dimensiones se asemejan «a una caja de zapatos». El ascensor es como «un ataúd» y no aceptaría la entrada de dos personas «de tratarse de dos extraños». En el caso de María y José, «entramos juntos aunque parezca imposible». Ese ascensor mínimo supone la esperanza máxima a la hora de alguna urgencia fuera de casa. De acuerdo con el informe, un 44% de este grupo social en Andalucía pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 37% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia, un porcentaje que se duplica en el caso del 18% de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor. «En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio», señala la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre. Por su parte, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, resaltó que «es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio».

El estudio desvela que un 56% de los encuestados andaluces tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o simplemente porque tienen una deambulación de forma inestable; y que el 41% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica. «La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos/as que no detectan la necesidad inmediata», explicó Queiruga. La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. Las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad, «poniendo de manifiesto la complejidad de solicitar ayudas con un número elevado de vecinos


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